Por: Vania Badilla Lara. Coordinadora Oficina de Transferencia y Licenciamiento Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
La propiedad intelectual suele asociarse, de manera casi automática, a la idea de protección: resguardar una invención, evitar copias o asegurar derechos. Sin embargo, esa mirada es solo una parte del panorama. Hoy, en un entorno donde el conocimiento se ha convertido en un activo estratégico, la propiedad intelectual (PI) no solo protege, sino que cumple un rol decisivo en impulsar la transferencia tecnológica.
La propiedad intelectual está presente en nuestro diario vivir. Desde decisiones cotidianas —como elegir un café por sobre otro, preferir un determinado medio de transporte o comprar un medicamento bioequivalente o de marca— hasta procesos industriales complejos, todos los productos y servicios que utilizamos responden a una estrategia de PI. Esto implica que cuentan con una marca que los distingue en el mercado o con una patente de invención que certifica su novedad y autenticidad. En ambos casos, la PI no es un elemento accesorio, sino una herramienta que agrega valor y genera confianza.
En el ámbito universitario y de investigación, este rol es aún más evidente. Las invenciones, desarrollos tecnológicos y conocimientos generados en las universidades no llegan al mercado por sí solos. Es aquí donde las Oficinas de Transferencia y Licenciamiento (OTL) juegan un papel fundamental, ya que articulan un proceso estructurado que permite transformar estos resultados en soluciones concretas para la sociedad. En este punto, la propiedad intelectual se convierte en un habilitador clave de la transferencia tecnológica.
Proteger un resultado de investigación mediante una patente no solo impide su uso no autorizado, sino que también crea un activo transferible con mayores oportunidades de negociación. Este puede ser licenciado a empresas, atraer inversión o dar origen a emprendimientos de base científico-tecnológica. La PI entrega certezas jurídicas tanto a los desarrolladores como a los potenciales adoptantes de la tecnología, reduciendo riesgos y facilitando acuerdos.
Asimismo, contar con una estrategia de propiedad intelectual bien definida permite ordenar el proceso de innovación. Desde etapas tempranas, orienta decisiones sobre qué proteger, cuándo hacerlo y en qué mercados. Esto evita la divulgación prematura de resultados, fortalece la posición negociadora de las instituciones y aumenta las probabilidades de éxito en la transferencia.
No menos relevante es su impacto en la valorización del conocimiento. Un desarrollo protegido tiene mayores posibilidades de ser reconocido como un activo económico, lo que facilita su inserción en el ecosistema productivo. De esta forma, la PI contribuye a cerrar la brecha entre la investigación y su aplicación práctica, permitiendo que las soluciones lleguen efectivamente a quienes las necesitan.
En este contexto, entender la propiedad intelectual únicamente como un mecanismo de resguardo resulta insuficiente. Se trata, más bien, de una herramienta estratégica que articula el tránsito del conocimiento desde el laboratorio hacia la sociedad. Fortalecer su uso no solo impulsa la innovación, sino que también permite que el conocimiento genere impacto real, sostenible y con valor para el país.
En definitiva, la propiedad intelectual nos invita a repensar cómo entendemos el valor del conocimiento. No se trata solo de proteger lo que se crea, sino de habilitar su circulación, su adopción y su impacto en la vida de las personas. Cuando se gestiona estratégicamente, la PI deja de ser un fin en sí mismo y se convierte en un puente entre la investigación y la sociedad, entre la idea y su aplicación concreta. El desafío está en avanzar hacia una cultura que no solo genere conocimiento, sino que también sepa proyectarlo, compartirlo y transformarlo en soluciones que aporten al desarrollo sostenible y al bienestar colectivo.